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Capgemini, una empresa francesa dedicada a tecnología de la información (TI), anunció este domingo 1 de febrero que venderá su filial estadounidense Capgemini Government Solutions (CGS) tras recibir señalamientos en los últimos días por la firma de un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
“Capgemini consideró que las restricciones legales habituales impuestas en Estados Unidos a la contratación con entidades federales que realizan actividades clasificadas no permitían al Grupo ejercer un control adecuado sobre ciertos aspectos de las operaciones de esta filial para garantizar su alineación con los objetivos del Grupo”, declaró la firma en un comunicado.
La decisión se adoptó en una reunión de emergencia de la junta directiva de Capgemini –corporación que opera en unos 50 países– para tratar el contrato en disputa, adjudicado en diciembre.
En su anuncio, el grupo indicó que se iniciará de inmediato el proceso de desinversión de CGS, subsidiaria que, según datos de la propia compañía, representa el 0,4% de sus ingresos estimados en 2025 y menos del 2% de sus ganancias en Estados Unidos.
Una investigación periodística puso a Capgemini bajo presión
El contrato de Capgemini con el ICE fue revelado por primera vez por el medio de comunicación independiente L’Observatoire des multinationales.
La investigación reveló que Capgemini vendía servicios de rastreo de personas desaparecidas —una forma de localización y seguimiento basado en datos de personas cuyo paradero se desconoce— utilizados por el ICE para verificar domicilios particulares y laborales y apoyar operaciones de deportación como parte de una ofensiva antiinmigratoria a gran escala.
El acuerdo marco tiene un límite de más de 365 millones de dólares, con casi 4,8 millones ya comprometidos.
En la práctica, los contratistas como Capgemini utilizan datos de casos proporcionados por el gobierno junto con bases de datos comerciales, registros públicos, información telefónica y de redes sociales, e incluso observación física, para confirmar la ubicación de una persona con fines de control.
La convocatoria gubernamental a las empresas interesadas, publicada por la revista estadounidense Wired en octubre, describe una estructura de incentivos que ofrece bonificaciones monetarias por alto rendimiento, y se asignan miles de casos a las empresas simultáneamente. Para cumplir estos objetivos, se espera que los contratistas realicen una “verificación de datos comerciales” y, de ser necesario, “servicios de observación física” para verificar la información de la dirección.
Wired describió partes de la iniciativa como dependientes de “cazarrecompensas” privados pagados para localizar y rastrear inmigrantes. En un lenguaje similar, The Intercept informó el 23 de diciembre que al menos 10 empresas ya habían ganado más de un millón de dólares y que, en conjunto, podrían superar los mil millones de dólares gracias al programa hasta 2027. Se esperaba que la mayor participación potencial, según el medio de investigación, se destinara a Capgemini Government Solutions.
Ante el creciente escrutinio, el director ejecutivo del grupo Capgemini, Aiman Ezzat, declaró el domingo 25 de enero en LinkedIn que la alta dirección solo había tenido conocimiento del contrato recientemente “a través de fuentes públicas”, y añadió que “no se estaba ejecutando actualmente” y que estaba sujeto a impugnación legal. Un mensaje interno enviado al personal, al que tuvo acceso AFP, indicaba que la filial estadounidense había iniciado un proceso para examinar el contenido del acuerdo, a medida que se intensificaban los cuestionamientos por parte de sindicatos, políticos e inversores.
Según The Washington Post, el ICE informó a los posibles contratistas en una sesión de preguntas y respuestas escrita en noviembre que la información recopilada “podría dar lugar a redadas” y que el gobierno “podría enviar correspondencia al extranjero o tomar medidas coercitivas”.
Un contrato “esencial” para ICE
El periódico de investigación francés Les Jours informó el miércoles que los vínculos de Capgemini Government Solutions con el ICE se remontan a casi dos décadas. Los registros de gasto público de USAspending.gov muestran que el 65 % de los convenios adjudicados a la empresa por agencias federales estadounidenses fueron con el ICE. Ya en 2007, los contratos cubrían la planificación operativa, incluyendo el modelado de la capacidad de detención de la agencia.
“Si los despiden, el ICE se paralizaría. Se han vuelto esenciales para ciertas partes del sistema; es muy difícil deshacerse de ellos”, declaró un ex alto funcionario del ICE a Les Jours.
Esta dependencia se ve reforzada por un proceso de “puertas giratorias”, en el que muchos empleados se mueven entre el ICE y CGS, lo que garantiza la continuidad y un profundo conocimiento institucional.
La relación ha perdurado durante casi dos décadas, como documentó Les Jours, y fue objeto de escrutinio en una auditoría de 2021 realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que detectó fallas en el desempeño y la supervisión. “Si bien el ICE contaba con controles que exigían al contratista proporcionar mano de obra calificada, no elaboró ni supervisó adecuadamente el contrato”, señala el informe.
También se determinó que el contratista no especificó la dotación de personal para las categorías laborales clave, lo que significa que el ICE “no puede garantizar que recibió todos los servicios y podría haber pagado 769.869 dólares en exceso en costos laborales”.
El organismo de control concluyó además que el ICE no se aseguró de que el contratista (Capgemini Government Solutions) cumpliera con los requisitos de habilidades, educación y experiencia del personal, ni de que todo el personal del contratista trabajara en el lugar de ejecución designado.
Esta dependencia de los servicios de Capgemini abarca operaciones que van desde la gestión de la capacidad de detención hasta la logística de deportación y el seguimiento individual, lo que pone de relieve la profunda integración de CGS en las funciones esenciales del ICE.
Aumenta la presión política y sindical
Estas revelaciones han incrementado la presión sobre Capgemini por parte de sindicatos, políticos y sectores del gobierno francés.
El sindicato francés CFDT condenó enérgicamente el contrato con el ICE y exigió mayor transparencia a la dirección en un momento en que Capgemini planea recortar hasta 2.400 puestos de trabajo en Francia. La CGT, de línea más dura, exigió el cese inmediato y público de cualquier colaboración con el ICE, argumentando que el acuerdo contradice los valores declarados de la empresa.
El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, había instado el miércoles a una transparencia total, afirmando que Capgemini, empresa parcialmente estatal, debe “esclarecer, de forma extremadamente transparente, sus actividades” y “cuestionar la naturaleza de estas actividades”.
Mientras tanto, la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, había pedido un riguroso escrutinio ético de dichos contratos.
Con AFP y France 24 en inglés
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